LA construcción de nuevas viviendas de protección oficial (VPO) de alquiler queda suspendida en lo que resta de año en Catalunya. Así lo ha hecho saber la dirección general del Habitatge de la Generalitat a los promotores inmobiliarios al comunicarles la denegación de nuevas autorizaciones. Incluso no se descarta que algunas de las viviendas aprobadas por el ministerio y con financiación bancaria concedida puedan no recibir las ayudas comprometidas.
El motivo es simple: el ajuste fiscal ha cercenado los fondos para conceder las ayudas públicas que la ley reconoce a este tipo de viviendas. Estamos ante uno de los primeros conflictos que provoca el cambio radical de la política económica del Gobierno.
Esta suspensión es especialmente preocupante porque actúa sobre tres vectores muy sensibles en estos momentos. Por un lado, corta el acceso a la vivienda a muchas personas que habían encontrado por esta vía una puerta abierta de entrada y, por otro, frena la creación de empleo, sin olvidar el perjuicio que supone para aquellos que han invertido y el recorte les pilla a medio camino.